La Fiscalía peruana no encuentra irregularidades en la compra del PeruSat-1
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La Fiscalía peruana no encuentra irregularidades en la compra del PeruSat-1

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La Segunda Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios ha archivado la investigación sobre supuestas irregularidades en la compra del satélite PeruSat-1 al no hallarle fundamento.

El expremier y exministro de Defensa, Pedro Cateriano Bellido, ha anunciado en su cuenta de Twitter la disposición superior del Ministerio Público del Perú en la que se archivó recientemente el caso sobre un supuesto delito contra la administración pública en las modalidades de colusión y negociación incompatible.

La lista de investigados la conformaban el exviceministro de Recursos para la Defensa y luego exministro de Defensa, Jakke Raimo Valakivi Álvarez, junto a los excomandantes generales de la Fuerza Aérea del Perú, generales en retiro Dante Arévalo Abate (actual viceministro de Recursos para la Defensa) y Javier Ramírez Guillén, recientemente reemplazado en el máximo cargo de la FAP. También estaba incluido en las indagaciones el exjefe institucional de Conida, mayor general FAP Carlos Elías Rodríguez Pajares.

Las claves

 

La disposición superior tiene fecha 15 de noviembre de 2018. En el documento se señala que los generales (r) Dante Arévalo Abate y Javier Ramírez Guillen no participaron en el proceso de compra del moderno sistema satelital peruano.

Asimismo, señala que Jakke Valakivi, siendo viceministro, y Carlos Rodríguez, como jefe de Conida, “tuvieron participación en diferentes etapas del proceso de contratación, no obstante su actuación se dio dentro del marco funcional; pues la contratación se efectuó bajo la modalidad Gobierno a Gobierno”. La fiscalía agrega que la modalidad gobierno a gobierno está sujeta a un régimen especial pero que la adquisición se procesó conforme a la normativa vigente.

En otra sección de la disposición superior se resalta que tras las indagaciones no se han podido recabar suficientes elementos de convicción para corroborar supuestos elementos de tipo penal, motivo por el cual, habiendo transcurrido los plazos para las diligencias preliminares no es factible continuar la investigación y procede el archivo del caso. Si en un futuro se hallan elementos de convicción que ameriten la reapertura del caso, así se podrá hacer.

Foto: Conida.



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