Acuerdos Artemis

Un paso más en este análisis lleva incluso a dictaminar, que bajo el paraguas del derecho internacional público –Artículo 38 Estatuto ICJ– los Acuerdos Artemis no son derecho; se configuran como una declaración política que debe implementarse a través de acuerdos entre Estados –Sección 2 Acuerdos Artemis.

Al mismo acudieron el administrador de la NASA, Bill Nelso; la subsecretaria de Estado para los Océanos y Asuntos Ambientales y Científicos Internacionales, Monica Medina; el secretario ejecutivo del Consejo Nacional del Espacio de Estados Unidos, Chirag Parikh; y representantes de los signatarios.En nombre de la República Federal de Nigeria firmó el ministro de Comunicaciones y Economía Digital, Ali Ibrahim; y por parte de la República de Ruanda, el director ejecutivo de la Agencia Espacial ruandesa, Francis Ngabo.Con la incorporación de ambos países ya son 23 los estados que forman parte de los Acuerdos. Nelson celebró la firma diciendo que "en una era en la que más naciones que nunca tienen programas espaciales, las firmas de hoy destacan un compromiso creciente para garantizar que la exploración espacial se lleve a cabo de manera responsable".Cumbre bilateralEl Foro Espacial EEUU-África ha sido organizado por el presidente de EE UU, Joe Biden, y dirigida por el Departamento de Estado de EE UU, que reunió a líderes de todo el continente africano en la capital estadounidense. Esta cumbre se enmarca en los ámbitos de compromiso económico; paz, seguridad y buen gobierno; democracia y derechos humanos y cambio climático, entre otros.

La creación de tecnología espacial cada vez más sofisticada y avanzada está posibilitando el desarrollo de actividades espaciales que no fueron inicialmente diseñadas bajo el corpus iuris spatialis en el momento de su redacción, como por ejemplo, la minería del espacio ultraterrestre o el desarrollo comercial privado de satélites para telecomunicaciones, internet de las cosas, etc.En la actualidad, las empresas privadas son las protagonistas de impulsar la actividad espacial (megaconstelaciones de satélites), si bien el Estado sigue presente como colaborador con el sector privado (financiación para el proyecto de estación espacial comercial de Orbital Reef) y dirigiendo los grandes proyectos espaciales (Acuerdos Artemis).El aumento en el número de actores privados prestando servicios espaciales, junto con otra serie de actividades en el espacio, ha suscitado cuestiones sobre la sostenibilidad de las misiones espaciales, así como de los graves peligros que puedan suponer para el medio ambiente espacial, los derechos humanos u objetos espaciales activos (pruebas de destrucción de satélites ASAT, 30.000 piezas de basura espacial orbitando la Tierra, aumento de satélites de aproximadamente 7.500 a más de 30.000 en la Órbita Baja Terrestre para el año 2030).

El texto establece que se debe "preservar el patrimonio del espacio ultraterrestre" que comprende los "sitios de aterrizaje humanos o robóticos históricamente significativos, artefactos y naves espaciales" previamente activos en los planetas o satélites.En cuanto a los recursos espaciales, se acuerda que "la extracción y utilización de recursos espaciales" en la Luna, Marte, cometas o asteroides, "debe ser ejecutado de una manera que cumpla con el Tratado del Espacio Exterior y en apoyo de la seguridad y actividades espaciales sostenibles".Como resultado de los proyectos y las misiones, se generan desechos orbitales, también regulados por este acuerdo, que concreta que los signatarios "se comprometen a planificar la mitigación de los desechos orbitales, incluida la gestión segura, oportuna y pasivación y eliminación eficientes de las naves espaciales al final de sus misiones".El acuerdo marca este punto como algo fundamental, pues la Agencia Espacial Europea (ESA) calcula que actualmente hay más de 6.000 toneladas de basura espacial orbitando alrededor de la Tierra.